Acuerdo PSOE - JUNTS
Este es el acuerdo que han firmado uno del PSOE y uno de JUNTS y desde luego no en mi nombre, lo han firmado ellos, yo no estoy de acuerdo, quiero votarlo en referéndum nacional, si sale mayoría lo aceptare, si no, lo rechazo, esto no estaba en el programa con el que se presento el candidato del PSOE a las elecciones el 23 de Julio de 2023, ni mucho menos, yo no lo habría votado.
ACUERDO PSOE-JUNTS
El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya
constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo
para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto
histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de
posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en
términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la
gobernabilidad durante la XV legislatura atendiendo a la composición de
las Cortes Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de
julio de 2023.
1. ANTECEDENTES
Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en
los últimos años una gran movilización en favor de la independencia.
Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal
Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP
contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y
en referéndum.
Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que
lo refrendó, buscaba tanto el reconocimiento de Catalunya como nación
como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits
acumulados. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido
histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de
Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de
Catalunya. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas,
culturales e institucionales han tenido un papel destacado,
especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una
limitación legal severa e incluso de una prohibición o persecución
activa. La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha
conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya
sentido identificada con el sistema político vigente en España.
La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea
la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado
íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran
manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías
absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las
sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de
signo independentista. En ese período, se aprobaron diferentes
propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia
fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la
autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo
de una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no
favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas,
hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada.
Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron,
primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un
referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 — ambos suspendidos y
posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en
favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de
impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a
todos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE,
mediante la cual se decretó la disolución del Parlament, la destitución
del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que
volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas.Y a
raíz de lo acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales, muchas
de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas.
Dichas causas judiciales han tenido una incidencia política
relevante, al igual que diversas resoluciones de organismos
internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
2. OPORTUNIDAD HISTÓRICA
Este relato sintético de hechos acredita objetivamente las
profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un
conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar
una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue
sin resolverse. Y, a pesar de las discrepancias estructurales que
existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos
preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y
el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada
al conflicto.
PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones
generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la
voluntad de aprovechar de forma responsable. La resolución debe ser
negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores
a los que las urnas les han dado esta posibilidad.
Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociación y los
acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un
conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico
sobre el futuro político de Catalunya.
Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del
Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de
ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Catalunya.
3. ACUERDOS
El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son
conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se
disponen a emprender. Por un lado, Junts considera legítimo el resultado
y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración
de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega
toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su
rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que
se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas
posiciones.
Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas
discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto,
además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y
Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones,
internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y
realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos
entre ambas formaciones a los que se llegue.
Es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, en su caso:
- La metodología de la negociación
para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de
acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado,
desarrollará la negociación entre las partes. En ese espacio se
negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las
disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos.
- Los contenidos de los acuerdos a
negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las
demandas de sus instituciones, que en términos generales se agrupan en
dos grandes ámbitos permanentes: las de la superación de los déficits y
limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional
de Catalunya. En ese sentido y en la primera reunión de negociación a
celebrar este mes de noviembre, se planteará, entre otras cuestiones y
de forma no exhaustiva:
- En cuanto al ámbito del
reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum
de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en
el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el
amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del
Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las
instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional,
cultural y lingüística de Catalunya.
- Y en el ámbito de los déficits y
limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una
modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de
Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema
institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de
todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE
apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al
mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del
actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también
se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y
promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que
cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.
- La Ley de Amnistía, para
procurar la plena normalidad política, institucional y social como
requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato.
Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos
que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017,
han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos
eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de
investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán
en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que
pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o
judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso,
puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones
legislativas
- La ampliación de la
participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás
organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos
que tienen especial incidencia en su territorio.
- La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts.
- La estabilidad de la
legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que
resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados
en el punto segundo.
Acuerdo firmado por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez